Durante el
enfrentamiento cívico con motivo del Referéndum del 7 de octubre 2007 (T.L.C.),
saltó la oportunidad de tratar en plaza pública el tema de los recursos y del
territorio marino de nuestro país, frente a la pretensión norteamericana de
ampliar su dominio comercial sobre nuestros vastos océanos al amparo jurídico
del T.L.C.; donde ellos haciendo gala de imperio y nosotros de serviles
súbitos, aceptamos ceder derechos soberanos sobre el 92% de nuestro patrimonio
nacional:
“el territorio aduanero de Estados Unidos, incluye los 50 estados, el
Distrito de Columbia y Puerto Rico, (ii) las zonas de comercio extranjeras
ubicadas en Estados Unidos y en Puerto
Rico, y (iii) cualquier zona que se encuentre más allá de los mares
territoriales de Estados Unidos dentro de la cual, de conformidad con el
derecho internacional y con su Derecho Interno, Estados Unidos podrá ejercer
derechos en lo que se refiere al fondo y al subsuelo marinos y sus recursos
naturales”.
Así resultaba
fácil comprender que el interés norteamericano
estaba en las grandes reservas nacionales de energía y metales estratégicos
para la moderna industria, que muy bien conocen a través de las investigaciones
de sus universidades e institutos. Para ilustrar esta afirmación, véase por
ejemplo:
Sobre perforaciones en
subsuelo tico:
Sobre prospección de
petróleo en Costa Rica:
Sobre hidratos de metano:
Sobre reservas de metales en
el lecho marino:
Al final de los debates públicos, el pueblo
abrió su perspectiva geográfica y ambos bandos
enfrentados en la lucha cívica ante el T.L.C., coincidieron públicamente
en diversos medios de
comunicación y debates nacionales, que daban su respaldo a una nueva identidad
nacional, teñida por el azul del mar.
Tal coincidencia tuvo eco
también en los líderes políticos de la Asamblea Legislativa. Por esta causa,
fui atendido en junio del año 2008 por el diputado Mora Mora del Partido
Liberación Nacional -en el gobierno-, quien junto a su asesora Lic. Cristina
Rojas y el jefe de asesores del mismo
Partido Dr. Alex Solís, emprendimos una intensa campaña de convencimiento en
todas las fracciones legislativas, la que dio fruto el seis de agosto del 2008
cuando en medio de las acaloradas disputas y divisiones legislativas por las 13
leyes de implementación, sorpresivamente para muchos y con desagrado para el
Presidente de la República y el Canciller y sus asesores, por unanimidad la
Asamblea Legislativa acordó reiterar la soberanía sobre nuestra plataforma continental
y remitir una vehemente petitoria al Poder Ejecutivo para que honrara su
compromiso de atender la resolución
SPLOS/72 (ANEXO).
Debe tenerse presente que en aquel momento, habían
transcurrido 7 años y desfilado tres administraciones públicas, sin que se
ejerciera el derecho otorgado. Y esa fue una legítima preocupación por aquellos días.
Para entonces, era preciso
presentar estudios técnicos acabados, donde se defendiera con razones
científicas de fondo el territorio solicitado, a partir de suelos marinos
internacionales libres de disputa entre países ribereños. Por su complejidad,
tal estudio requiere de esfuerzo financiero, recursos humanos calificados,
programas científicos y datos reales certificados por autoridad competente
internacional. Y carecíamos de todo ello. Razón de fondo también para el
llamado apremiante del primer Poder de la República.
En Casa Presidencial, no obstante, por
las mismas razones políticas y comerciales que mediaron para el decidido apoyo
e impulso a la firma del tratado de libre comercio con EEUU, el ambiente no era
positivo para la gestión internacional, pues en el fondo contradecía la
ganancial otorgada a los norteamericanos, de lo cual estaba muy consciente el
señor canciller y sus asesores, que desde el principio se habían opuesto a esta
gestión.
Así en nota del
18 de agosto del 2008, el Presidente de la República, responde al acuerdo
unánime del 8 de agosto de la Asamblea Legislativa y manifiesta (ANEXO IV):
“(…) Sobre la base de estas variables, y
en caso de considerarse que el potencial para la extensión de la plataforma
continental amerite los posibles costos derivados de la gestión, se contempla
conformar mediante decreto una Comisión Interinstitucional que tendría a su
cargo la preparación de la solicitud formal para presentar ante la ONU[1] (…).”
Si a este
párrafo aunamos el espíritu que animaba todo el documento presidencial,
deducimos que no estaba en los planes del Cancillería la intención de hacer el
reclamo ante la ONU[2].
No
obstante, para nuestra buena suerte como Nación, a finales del año 2008 los
Estados Parte modifican su acuerdo del año 2001, estableciendo que para la fecha fatal solo era preciso presentar un “estudio
preliminar” junto a la solicitud de ampliación del territorio. Lo que hizo finalmente y tan solo cuarenta y ocho horas
antes del vencimiento del plazo nuestro Canciller.
El
estudio presentado por Costa Rica (ANEXO III) señala una pretensión preliminar
de unos 125.000km2; equivalente a seis veces el territorio de El
Salvador, con lo cual nuestro país alcanzará al menos 765.000km2
incluyendo el territorio continental. Por otra parte, solicitamos 3 años para presentar el
estudio de fondo, plazo que venció el 13 de mayo del 2012. Compromiso que de
nuevo había quedado en el olvido según las averiguaciones hechas.
Para efectos del
derecho internacional que nos asiste, es de fondo conocer que la Cancillería
fue forzada a utilizar como argumento central en la petitoria lo expresado por
la CONVEMAR, art. 76:
(…) la plataforma
continental de Costa Rica comprende el lecho y el subsuelo de las áreas
submarinas que se extienden más allá de la prolongación natural de nuestro
territorio hasta el borde exterior del margen continental (…).
Así jurídicamente extendimos el manto soberano ante
eventuales pretensiones comerciales de las grandes trasnacionales que, al
amparo del T.L.C., aspiren a explotar libremente nuestros valiosos recursos de
plataforma.
De reciente data:
Cien días antes de que el plazo perentorio solicitado
por Costa Rica venciera (13 de mayo 2012), realicé múltiples gestiones ante
instancias públicas competentes, para recordar el serio compromiso contraído,
pues este no estaba presente en la mente de ninguna instancia formal, como pude
comprobar ampliamente.
Inicié
con la Cancillería y no hubo ninguna respuesta. Lo envié a la prensa nacional, dándole
difusión solamente el periódico digital “ELPAIS.cr” y el programa matutino de
radio Monumental Amelia Rueda.
Lo presenté al fuero sindical, dándole una
solidaria acogida la Coordinadora Unitaria Sindical y Magisterial (CUSIMA), la
cual presentó formal gestión ante la Presidencia de la República para abrirme
un espacio de diálogo ante la señora Presidente. Cita que se concretó en marzo
del 2012 y que deparó una orden explícita al señor Vice-Canciller para que se cumpliera con el compromiso.
Paralelamente, presenté formal solicitud a las
fracciones de oposición para gestionar
la presencia de Costa Rica ante la Comisión de Fondos Marinos de las Naciones
Unidas, órgano competente que lleva el control y registro de peticiones de
ampliación de plataforma continental. Hubo gran acogida y se enviaron notas
formales de varios diputados y una nota fuerte de parte de la Alianza por Costa
Rica (ANEXO V).
Ante tantas presiones políticas la Cancillería
finalmente reconoció su incapacidad de presentar los estudios de fondo y de
nuevo, solicitó una ampliación por cinco años adicionales (ANEXO VI), la cual
-según manifiestan funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores- ha
sido aceptada (ANEXO VI).
De esta forma, se cumplieron veinte años de
atraso en una gestión patria que nunca ha contado con el beneplácito de
nuestros gobernantes; y que si ha constituido un ideal cumplido para muchos
países ribereños del Globo. Entre ellos
numerosos países africanos que si cuentan con un gobierno que le interesa el
territorio nacional y su ampliación (copia textual de la página web de naciones
Unidas):
Kenya, Mauritius - in the region of Rodrigues Island,
Viet Nam - in North Area (VNM-N), Nigeria, Seychelles - concerning the Northern Plateau
Region, Palau, Côte d'Ivoire, Sri Lanka, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - in respect of
the Falkland Islands, and of South Georgia and the South Sandwich Islands, Tonga, India, Trinidad and Tobago, Namibia, Cuba, Mozambique, Maldives, Bangladesh, Madagascar, Guyana, Mexico - in respect of the eastern polygon in the Gulf of
Mexico, United Republic of Tanzania, Gabon.
En ANEXO VII transcribo la lista completa.
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No obstante la realidad anterior, confío que pronto cambien nuestros
políticos de turno y podamos afirmar que la nueva extensión nacional, más
que obligar a rescribir los libros de texto; es una oportunidad para un
desarrollo nacional prometedor, que sin duda a lo largo del Siglo XXI será
fundamento para nuevas opciones de éxito en las generaciones venideras, al amparo de
recursos energéticos y minerales abundantes y estratégicos en la industria.
A nuestra generación le corresponde asegurar este patrimonio y sentar
las bases educativas y tecnológicas para preparar
al país. Y en lo inmediato, tenemos el imperativo histórico de cumplir con un oportuno trabajo ante la
Comisión de los Fondos Marinos de la ONU, el cual materialice esta justa
aspiración de nuestro pueblo.
Esperamos muchos años para
que este sueño se hiciera realidad. Es oportunidad poco usual para la vida
cívica de nuestro país alcanzar un logro como el referido. Debemos estar felices
y compartirlo con nuestro pueblo.
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